Venezuela prohíbe la criptominería para mitigar el exceso de uso de electricidad

El Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela ha anunciado planes para desconectar las granjas mineras de criptomonedas de la red nacional para gestionar el consumo excesivo de energía y garantizar un suministro de energía estable.

La Asociación Nacional de Criptomonedas también confirmó el desarrollo a través de una publicación del 18 de mayo.

Las autoridades culpan a los mineros de Bitcoin

Los reguladores en Venezuela buscan reforzar su control contra el exceso de consumo de electricidad, y el sector de criptominería es considerado responsable. Con esta medida, planean restablecer un suministro constante a los residentes que han sufrido cortes de energía durante la última década.

Venezuela ha luchado contra un suministro eléctrico inestable, que ha estado marcado por frecuentes apagones desde 2019, que afectan tanto la vida cotidiana como la economía.

Esta decisión se produce tras la reciente confiscación de 2.000 dispositivos mineros en Maracay como parte de un esfuerzo anticorrupción.

Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, pidió la cooperación pública para identificar actividades mineras ilegales e instó a los ciudadanos a denunciar dichas operaciones.

Represión a nivel nacional en marcha

Mientras tanto, el Ministerio Nacional de Energía de Venezuela también inició una operación especial para desconectar las granjas mineras de la red. Se han incautado más de 11.000 mineros de Bitcoin.

Lacava afirmó que a los mineros no se les permitiría continuar con las operaciones mientras la población enfrentara cortes de energía. Las autoridades no han especificado si estas acciones son temporales o permanentes.

Según el gobernador, se desconectarían más granjas mineras y se adoptarían nuevas medidas, incluida una orden nacional para reducir el uso de energía de las agencias estatales.

Históricamente, Venezuela ha apuntado a la minería de criptomonedas en múltiples ocasiones. En marzo pasado, el proveedor de energía del país cerró instalaciones mineras en todo el país en medio de investigaciones de corrupción que involucraban a la compañía petrolera estatal.

En ese momento, el fiscal general Tarek William Saab alegó que los funcionarios estaban realizando ventas de petróleo no autorizadas con la ayuda del departamento de criptografía.

La medida es parte de una campaña anticorrupción más amplia, que ha llevado al arresto de varios funcionarios, incluido Joselit Ramírez, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y expresidente de PDVSA, Tareck El Aissami.

Sunacrip, el regulador nacional de criptomonedas, se encuentra actualmente en proceso de reestructuración y la legalidad de la criptominería sigue siendo incierta.