Nigeria hace cumplir la supervisión de las criptomonedas vinculadas a la identidad bajo una nueva ley fiscal

Nigeria ha comenzado oficialmente a hacer cumplir la supervisión basada en la identidad sobre la actividad de criptomonedas, introduciendo un nuevo régimen que vincula las transacciones de activos virtuales a los contribuyentes individuales bajo la Ley de Administración Tributaria de Nigeria (NTAA) de 2025.

Desde el 1 de enero de 2026, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) que operan en Nigeria están obligados a informar detalladamente de clientes y transacciones al Servicio de Ingresos de Nigeria (NRS), así como a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

El marco de informes de la NTAA está estrechamente alineado con el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) de la OCDE, que entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Bajo CARF, las jurisdicciones miembros adquieren la capacidad de recopilar y compartir información sobre transacciones de activos digitales a través de fronteras, ayudando a combatir la evasión fiscal.

Al integrar sistemas de identidad como TIN y NIN en su pipeline de informes, Nigeria se une ahora a países como el Reino Unido, donde los proveedores de servicios cripto ya están obligados a recopilar y compartir datos de usuarios vinculados a impuestos.

¿Cómo rastreará Nigeria las transacciones con criptomonedas?

El centro de este marco es el uso del Número de Identificación Fiscal (TIN) y el Número Nacional de Identificación (NIN), dos herramientas clave que se están desplegando ahora para rastrear la actividad cripto hasta individuos identificados.

El TIN se asigna a particulares y empresas por la NRS y la Junta Conjunta de Ingresos, sirviendo como el principal indicador de cumplimiento y aplicación dentro del sistema fiscal de Nigeria.

Mientras tanto, el NIN ancla la identidad de cada ciudadano en la base de datos biométrica nacional, que contiene datos faciales y de huellas dactilares.

Al exigir que todos los VASPs recopilen y envíen ambos identificadores, Nigeria ha creado un sistema capaz de mapear transacciones digitales con registros fiscales reales, evitando así la necesidad de complejos programas de vigilancia blockchain.

Las autoridades ahora pueden solicitar datos de usuarios e historiales de transacciones sin previo aviso, cerrando brechas de aplicación que antes permitían que los beneficios de las criptomonedas quedaran sin gravar.

Según las disposiciones de la NTAA, las presentaciones mensuales de las bolsas deben incluir detalles clave sobre el servicio prestado, el tipo y valor de los activos transaccionados, y la identidad completa tanto del cliente como de cualquier contraparte implicada.

Estos incluyen nombres, información de contacto, identificaciones fiscales y, cuando corresponda, el NIN.

Además, los VASP deben señalar transacciones inusualmente grandes o sospechosas y compartir esas alertas tanto con las autoridades fiscales como con la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU).

También se espera que los exchanges de criptomonedas conserven los registros de los clientes, datos de identificación e historiales de transacciones durante al menos siete años desde la fecha de la última actividad.

El incumplimiento de los requisitos de notificación puede provocar una multa de ₦10 millones ($7,014) en el primer mes, con multas recurrentes por cada mes posterior de incumplimiento.

La SEC también ha sido facultada para suspender o revocar licencias por violaciones sostenidas.

Impuesto sobre criptomonedas para apoyar la economía nigeriana

Según estimaciones oficiales, Nigeria procesó más de 92.100 millones de dólares en transacciones de activos digitales entre julio de 2024 y junio de 2025.

Aunque la cifra refleja el valor total movido, no los beneficios, el gobierno considera incluso una pequeña parte de ello como una fuente potencialmente significativa de ingresos fiscales.

Con los ingresos petroleros bajo presión y una proporción impuesto/PIB entre las más bajas de África, las autoridades ven a la economía digital como una nueva frontera para la recaudación de ingresos.

El gobierno espera aumentar su ratio impuesto/PIB al 18% para 2027, desde menos del 10% actual.