Indiana aprueba ley de derechos cripto que protege a los usuarios de activos digitales

Indiana ha aclarado cómo se tratan los activos digitales en la legislación estatal después de que el gobernador Mike Braun aprobara House Bill 1042.

La normativa crea un marco jurídico que define la criptomoneda y establece límites sobre cómo las autoridades estatales y locales pueden regular o gravar la actividad con activos digitales.

La medida fue aprobada por la Asamblea General de Indiana a principios de este año y forma parte de un esfuerzo más amplio en varios estados de EE. UU. para establecer reglas más claras sobre la propiedad y las transacciones con cripto.

Al detallar cómo deben tratarse los activos digitales en el sistema jurídico del estado, HB 1042 introduce límites en la tributación, la regulación y la custodia de las criptomonedas.

La ley también crea vías para que opciones de inversión vinculadas a cripto aparezcan en determinados programas estatales de jubilación y ahorro.

Sus partidarios afirman que la medida proporciona una base legal más clara para residentes y empresas involucradas en actividades con activos digitales.

Se añaden definiciones de cripto a la ley estatal

Un elemento central de HB 1042 es la creación de definiciones legales para la criptomoneda dentro del código jurídico de Indiana.

La ley describe los activos digitales como un medio digital de intercambio asegurado por criptografía y no emitido por una autoridad central.

Incluir esta definición en la legislación pretende reducir la ambigüedad sobre cómo se tratan las criptomonedas en asuntos legales y regulatorios.

Definiciones claras pueden influir en cómo los tribunales interpretan controversias, cómo los reguladores supervisan la actividad con activos digitales y cómo las empresas estructuran servicios relacionados con cripto.

Los legisladores han sostenido que un lenguaje estatutario más claro también puede ayudar a las empresas del sector de activos digitales a comprender sus obligaciones de cumplimiento.

Límites a los impuestos discriminatorios

HB 1042 también restringe cómo los gobiernos estatales y locales pueden tratar las transacciones con criptomonedas en comparación con otros métodos de pago.

Las entidades gubernamentales tienen prohibido introducir normas que señalen a las transacciones con activos digitales para imponer impuestos adicionales, tarifas o cargas regulatorias que no se apliquen a otras formas de pago.

La supervisión regulatoria se mantiene.

El Departamento de Instituciones Financieras de Indiana mantiene la autoridad sobre la supervisión financiera relacionada con los activos digitales dentro del estado.

Protegido el derecho a la autocustodia de activos digitales

La ley también refuerza el derecho de las personas a mantener criptomonedas en monederos privados.

HB 1042 limita la capacidad de la mayoría de las agencias públicas para restringir que los residentes mantengan directamente la custodia de sus activos digitales.

La autocustodia permite a las personas controlar sus fondos sin depender de intermediarios como los exchanges o las plataformas de custodia.

Los planes de jubilación obtienen acceso a inversiones en cripto

La normativa también crea una vía para la exposición a cripto dentro de determinados programas estatales de jubilación y ahorro.

Los administradores de planes de jubilación públicos designados y de programas de ahorro educativo deben proporcionar una opción de corretaje autodirigida que incluya al menos un producto de inversión vinculado a criptomonedas.

Estas opciones pueden incluir fondos cotizados regulados vinculados a bitcoin.

La medida no exige que los fondos de pensiones mantengan directamente activos digitales en sus carteras principales.

En su lugar, los participantes pueden decidir si asignan parte de sus ahorros para la jubilación a cripto mediante vehículos de inversión aprobados.

Con la medida ya promulgada, Indiana se une a un número creciente de estados de EE. UU. que han introducido protecciones legales para los usuarios de criptomonedas, al tiempo que mantienen la supervisión mediante los marcos regulatorios financieros existentes.

El desarrollo refleja una creciente actividad legislativa en EE. UU. centrada en la tributación de activos digitales, los derechos de propiedad y la regulación.