Miles de millones congelados, visados revocados: cómo la guerra de Trump contra Harvard podría remodelar la educación superior en EE. UU.

La Universidad de Harvard se encuentra en el epicentro de una confrontación cada vez más intensa con la administración Trump, que ha estado aumentando metódicamente la presión sobre las universidades de élite de EE. UU. para que implementen cambios de política radicales.

Enmarcando sus acciones como una iniciativa para combatir el antisemitismo en los campus y hacer cumplir las protecciones de los derechos civiles, la administración ha empleado tácticas coercitivas, incluyendo la rescisión de la financiación federal y la revocación de las visas de estudiantes internacionales, siendo Harvard la institución que ha sufrido las consecuencias más significativas de estas medidas.

La disputa, una clara ilustración de la tensión entre la independencia académica y la supervisión gubernamental, ha provocado que la administración Trump congele más de 2.600 millones de dólares en subvenciones federales de investigación que se habían asignado previamente a Harvard.

Esta medida drástica se tomó en respuesta a la negativa de la universidad a reformar su gobernanza, los procedimientos disciplinarios, las prácticas de contratación y las políticas de admisión para alinearse con la agenda de la Casa Blanca.

Además, la administración revocó la certificación del programa de Harvard para estudiantes internacionales, lo que les impide, de facto, asistir a la institución.

La presión sobre la institución de la Ivy League no muestra signos de disminuir, y se prevén medidas potencialmente más punitivas en el horizonte.

El presidente Trump ha declarado públicamente su intención de privar a Harvard de su estatus de exención fiscal, un beneficio que, según un análisis de Bloomberg News, le ahorró a la universidad al menos 465 millones de dólares en 2023.

A esta situación financiera desfavorable se suma el hecho de que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha aprobado una ley que incluye un importante aumento de impuestos sobre los ingresos netos de inversión de las dotaciones de las universidades privadas, una medida que afectaría directamente a la considerable dotación de Harvard.

En respuesta, Harvard ha presentado una demanda, alegando que las acciones del gobierno amenazan su independencia institucional y reprimen la libertad de expresión al suspender las subvenciones federales para la investigación.

La universidad también ha calificado de ilegal el bloqueo a la inscripción de estudiantes extranjeros.

El origen del conflicto: "valores antagónicos" y acusaciones de antisemitismo

El presidente Trump ha sido durante mucho tiempo un crítico acérrimo de las universidades de élite, que, según él, fomentan ideas "antagónicas a los valores estadounidenses" y mantienen políticas que violan las leyes que prohíben la discriminación racial.

Durante su campaña electoral de 2024, Trump amenazó con utilizar "impuestos, multas y demandas judiciales para reducir las 'donaciones privadas excesivamente grandes'" y prometió "recuperar nuestras otrora grandes instituciones educativas de la izquierda radical y los maníacos marxistas".

Las críticas de su administración a Harvard, la universidad más antigua y rica de Estados Unidos, se han centrado principalmente en su presunto fracaso a la hora de combatir adecuadamente el antisemitismo.

El campus de Harvard, como muchos otros a nivel nacional, experimentó un prolongado período de agitación tras el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023, que Estados Unidos clasifica como organización terrorista, y que resultó en 1200 muertes y más de 200 rehenes.

El conflicto subsiguiente en la Franja de Gaza, que según el ministerio de salud, administrado por Hamás, ha provocado más de 53.000 muertes palestinas, alimentó las protestas en el campus y las quejas de algunos estudiantes judíos y grupos judíos externos sobre el antisemitismo rampante en Harvard.

Alan Garber, rector de la universidad durante mucho tiempo, asumió el cargo de presidente interino en enero de 2024 tras la renuncia de la presidenta Claudine Gay.

En agosto, Harvard lo nombró líder permanente. Posteriormente, Garber implementó cambios en respuesta a las denuncias de antisemitismo, incluyendo la adopción de una definición formal de antisemitismo y la introducción de nuevos programas educativos para los estudiantes.

Sin embargo, el presidente Trump y otros sectores conservadores argumentaron que las medidas de Harvard no eran suficientes para proteger a los estudiantes judíos.

En una carta del 11 de abril dirigida a la universidad, la administración Trump identificó varios programas de Harvard, incluidos el Centro de Estudios de Oriente Medio y la Facultad de Teología, que, según afirmaba, "alimentan el acoso antisemita o reflejan una captura ideológica".

Agravando aún más la situación, el Departamento de Seguridad Nacional, en una declaración del 22 de mayo, acusó a los líderes de Harvard de haber "creado un entorno inseguro al permitir que agitadores antiamericanos y proterroristas acosaran y agredieran físicamente a personas", alegando que muchos de estos agitadores eran estudiantes internacionales.

El departamento también acusó a los líderes de Harvard de coordinarse con el Partido Comunista Chino, una acusación que fue secundada por legisladores republicanos en el Congreso, quienes, en una carta del 19 de mayo dirigida a Garber, exigieron información sobre los vínculos de la universidad con el gobierno y el ejército de China.

El camino hacia el estancamiento: demandas, rechazos y pleitos judiciales.

La actual congelación de la financiación fue precedida por una serie de demandas cada vez más exigentes.

El 31 de marzo, la administración Trump amenazó con retirar casi 9.000 millones de dólares en subvenciones para la investigación debido a lo que calificó como la falta de acción de Harvard para "combatir el acoso antisemita".

Posteriormente, un grupo de trabajo federal sobre el antisemitismo hizo públicas el 3 de abril exigencias de reformas de gobernanza, presentadas como requisitos previos para la continuación de la financiación federal.

La carta del 11 de abril detallaba el conjunto de exigencias revisadas por la administración, que incluían:

El presidente Garber rechazó estas demandas, declarando el 14 de abril:

Horas después, el gobierno de EE. UU. congeló 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales, lo que llevó a Harvard a presentar su demanda el 21 de abril.

La situación siguió deteriorándose cuando la secretaria de Educación, Linda McMahon, informó a Harvard el 5 de mayo de que no sería elegible para recibir más subvenciones federales hasta que demostrara una "gestión responsable".

Días después, ocho agencias estadounidenses rescindieron otros 450 millones de dólares en subvenciones a la universidad, lo que llevó a Harvard a ampliar su demanda el 13 de mayo.

La postura legal de Harvard: defender la independencia y el debido proceso.

En su demanda presentada en el tribunal federal de Boston contra varias agencias del poder ejecutivo de EE. UU. y altos funcionarios, Harvard afirma que la suspensión de la financiación viola su derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Primera Enmienda.

La denuncia original argumentaba que, al retener fondos federales, el gobierno intentaba "coaccionar a Harvard para que se conforme con la combinación de puntos de vista e ideologías preferida por el gobierno".

Harvard argumentó además que las agencias pretendían ejercer un control indebido sobre la universidad y sostuvo que el gobierno no puede sustituir los propios procesos de toma de decisiones de Harvard en la lucha contra el antisemitismo.

La demanda también alega que el gobierno violó las regulaciones federales al recortar la financiación.

Por ejemplo, si bien la administración invocó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional) para justificar sus acciones, Harvard afirma que la ley le otorga el derecho a colaborar voluntariamente con el gobierno para corregir cualquier incumplimiento, una oportunidad que, según dice, no se le brindó antes de que se congelaran los fondos.

La demanda enmendada de Harvard reitera estas afirmaciones, alegando que una amplia gama de agencias gubernamentales violaron tanto la Primera Enmienda como la Ley de Procedimiento Administrativo al cortar repentinamente la financiación.

El efecto dominó: la investigación, los estudiantes y las finanzas en riesgo.

Según el presidente Garber en una carta a la comunidad de Harvard, las consecuencias de la congelación de la financiación serán "graves y duraderas".

Destacó que esto tendrá un impacto en investigaciones cruciales sobre el cáncer infantil, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.

La demanda afirma además que la congelación afectará la educación de miles de estudiantes de posgrado y becarios postdoctorales en ciencia, tecnología, medicina y salud pública.

En el último año académico, Harvard recibió aproximadamente 700 millones de dólares en financiación para investigación de diversas agencias federales, incluidos los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Defensa y Energía.

Según los documentos de los bonos de la Universidad de Harvard para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2024, esta financiación federal para la investigación constituye el 11% de los ingresos operativos de la universidad.

(Fuente: Documentos de bonos de la Universidad de Harvard)

Para contrarrestar la pérdida, Harvard ha anunciado que asignará 250 millones de dólares adicionales de fondos universitarios para apoyar la investigación en el próximo año académico, complementando los aproximadamente 500 millones de dólares que ya gasta anualmente.

El presidente Garber también reducirá voluntariamente su salario en un 25% durante el año que comienza el 1 de julio.

Si bien Harvard posee un patrimonio fundacional valorado en más de 53 mil millones de dólares, esta vasta suma no es una cuenta bancaria de fácil acceso.

Una parte se distribuye anualmente para apoyar el presupuesto de la universidad, pero gran parte del resto está destinada a fines específicos o invertida en activos no líquidos.

El bloqueo a los estudiantes internacionales también representa un desafío financiero importante.

Cerca de 6800 estudiantes internacionales, que representan el 27% del total de estudiantes de Harvard y proceden de más de 140 países (frente al 19,6% en 2006), contribuyen sustancialmente a través de las tasas de matrícula.

Para los futuros estudiantes internacionales, el momento en que se revocó el programa de visas fue particularmente perjudicial, ya que la fecha límite del 1 de mayo de Harvard para aceptar las ofertas de admisión coincidió con la de la mayoría de las otras universidades estadounidenses.

La cuestión de la exención de impuestos: facultades y precedentes presidenciales

El 2 de mayo, el presidente Trump declaró en su plataforma Truth Social: "Vamos a quitarle a Harvard su estatus de exención fiscal. ¡Es lo que se merecen!"

Esto se produjo tras semanas de amenazas sobre la situación fiscal de la universidad.

En respuesta, cuatro senadores demócratas han pedido una investigación para determinar si el hecho de que Trump haya tomado a Harvard como blanco viola una ley penal que prohíbe al presidente ordenar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que investigue y audite a individuos y organizaciones.

En una carta dirigida a Heather Hill, inspectora general interina de la administración tributaria del Departamento del Tesoro, argumentaron que Trump "parece haber violado públicamente y repetidamente esta ley cuando sugirió que Harvard debería perder su estatus de exención por no someterse a su voluntad".

Los senadores destacaron que, según el Código de Rentas Internas, una organización no puede perder su estatus de exención fiscal hasta que el IRS realice una "revisión objetiva y cuidadosa" y la entidad haya tenido la oportunidad de apelar.

La revocación del estatus de exención fiscal de una universidad no es algo sin precedentes, aunque es raro y normalmente sigue a largas batallas legales.

La Universidad Bob Jones en Carolina del Sur perdió su exención fiscal federal en 1976 debido a sus políticas que prohibían las citas interraciales, una decisión que finalmente fue confirmada por la Corte Suprema en 1983.

Posteriormente, la universidad abandonó esta política en el año 2000 y recuperó sus beneficios fiscales en 2017.

El estatus de exención fiscal de Harvard, al igual que el de aproximadamente 1700 otras universidades sin fines de lucro en los EE. UU., se otorga en función de sus contribuciones a la sociedad a través de la educación y la investigación.

Este estatus proporciona ventajas significativas, incluyendo la posibilidad para los donantes de deducir las contribuciones (Harvard suele recaudar más de 1.000 millones de dólares anuales de esta manera) y la emisión de bonos exentos de impuestos.

La universidad también se beneficia de exenciones de impuestos sobre la propiedad en los edificios educativos, y en su lugar realiza pagos voluntarios a las ciudades donde se encuentra.

Una tendencia más general: otras universidades se enfrentan a presiones similares.

Harvard no es la única institución que se enfrenta a la presión del gobierno de Trump.

En marzo y abril, también se impusieron congelaciones de fondos federales a otras universidades de élite, como Columbia, Cornell, Northwestern, Princeton y la Universidad de Pensilvania, alegando razones similares de incumplimiento de las exigencias políticas y supuestos fracasos en la lucha contra el antisemitismo.

La respuesta de la Universidad de Columbia difirió notablemente de la de Harvard.

El 21 de marzo, Columbia anunció que cumpliría con las exigencias de la administración para comenzar las negociaciones sobre la restitución de 400 millones de dólares en fondos congelados.

Las concesiones incluyeron la prohibición de usar máscaras durante las protestas en el campus, la contratación de 36 "agentes especiales" con facultades de arresto y la colocación del departamento de estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África bajo una mayor supervisión.

Este enfoque contrastante pone de manifiesto las difíciles decisiones a las que se enfrentan las universidades.

El 22 de abril, más de 200 líderes de instituciones académicas firmaron una carta conjunta en la que se oponían a la "intromisión indebida del gobierno en la vida de quienes aprenden, viven y trabajan en nuestros campus" y al "uso coercitivo de fondos públicos para la investigación".