Trump contempla una ley de 200 años para desplegar tropas en los estados: esto es lo que dice la ley

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está insinuando que podría desempolvar la Ley de Insurrección, una ley que existe desde 1807, para enviar tropas militares estadounidenses a ciudades como Chicago y Portland.

Lo llama una respuesta a los disturbios y la insurrección vinculados a las protestas y enfrentamientos por sus duras políticas de aplicación de la ley de inmigración.

Esta idea no surge de la nada, ya que Trump se ha enfrentado a una serie de desafíos legales que han ralentizado o bloqueado el despliegue de tropas en algunos estados.

Aún así, está redoblando la apuesta, insistiendo en que la situación en ciertas ciudades está fuera de control, incluso cuando los funcionarios locales rechazan enérgicamente la afirmación.

Si realmente sigue adelante con esto, marcaría una escalada importante, un paso dramático en el uso del poder militar federal en suelo estadounidense.

También profundiza el ya tenso enfrentamiento entre la administración de Trump y los estados y ciudades liderados por los demócratas sobre quién puede tomar las decisiones cuando se trata de seguridad pública y autoridad federal.

¿Qué dice la Ley de Insurrección?

La Ley de Insurrección le da al presidente el poder de enviar tropas militares estadounidenses a las ciudades estadounidenses, pero solo bajo ciertas condiciones, como cuando hay una insurrección, rebelión o cuando las fuerzas del orden normales no pueden hacer cumplir las leyes federales.

En cierto modo, anula la Ley Posse Comitatus, que normalmente prohíbe que los militares se involucren en la aplicación de la ley civil.

Por lo general, el presidente necesitaría una solicitud o consentimiento de los gobernadores estatales antes de intervenir.

Pero aquí está el truco: la ley también permite que el presidente actúe por su cuenta si los líderes estatales o locales no pueden mantener el orden. Ahí es donde las cosas se ponen controvertidas.

La Ley no se ha utilizado a menudo; de hecho, la última vez fue en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles.

En este momento, todavía hay mucho debate legal sobre lo que realmente cuenta como una "insurrección", y es casi seguro que cualquier intento de desplegar tropas en ciudades como Portland o Chicago enfrentará desafíos judiciales inmediatos.

Consecuencias políticas y respuesta pública

La idea de que el presidente Donald Trump invoque la Ley de Insurrección ha desatado una tormenta de críticas en todo el país. Los gobernadores, legisladores y grupos de derechos civiles están presionando con fuerza.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, no se anduvo con rodeos; calificó la idea de enviar tropas a las ciudades como una "invasión", acusando a la administración Trump de provocar el caos solo para justificar el uso de la fuerza militar.

Los funcionarios de Chicago y Oregón ya han tomado medidas legales para bloquear cualquier despliegue de tropas, argumentando que los disturbios que señala el presidente simplemente no cumplen con el estándar legal de una insurrección o rebelión.

Los grupos de derechos civiles también están levantando banderas rojas, advirtiendo que militarizar la aplicación de la ley nacional podría empeorar las cosas, alimentando la violencia, socavando la confianza pública y poniendo en grave riesgo las libertades civiles.